Volver a Venezuela es volver a ser víctima / Ligia Bolívar

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La silla vacía / Red Venezuela

Esta columna se escribió en colaboración con Oscar Calderón1

En agosto de 2018, el régimen de Nicolás Maduro lanzó el Plan Vuelta a la Patria, con el alegado propósito de facilitar el retorno voluntario a Venezuela de quienes carezcan de medios para hacerlo por su cuenta. Para febrero de 2020, es decir, justo antes de que el Covid-19 impactara en la región, el Plan registraba el retorno de 17.522 personas, de las cuales 764 procedían de Colombia, y contaba con un registro de 100.426 personas adicionales para repatriación.

Si tomamos como base las cifras de la Plataforma Interagencial para atender la situación de migrantes y refugiados de Venezuela, según la cual 5 millones de personas han salido de Venezuela, ello significa que los beneficiarios del Plan Vuelta a la Patria, después de 16 meses de ejecución, equivalen al 0,35 por ciento de la población que ha salido del país.  Los registrados para regresar podrían alcanzar un 2 por ciento, lo que evidencia el carácter marginal del fenómeno del retorno asistido desde dicho plan, cuyos creadores defienden con fines propagandísticos tras haber negado reiteradamente el fenómeno de la migración forzada venezolana.

Si bien el retorno es un hecho proporcionalmente poco significativo en cuanto a cifras se refiere, no deja de ser dramático desde el punto de vista humano. Tanto en diciembre de 2018, como a fines de 2019, hubo picos de retorno. En el caso de 2019, las causas del regreso no se relacionan con una mejoría de la situación en Venezuela, sino con un creciente cierre de horizontes en los países de acogida, especialmente en Chile, Perú y Ecuador.

En 2019, estos tres países impusieron nuevos requisitos de acceso a la población venezolana, haciendo más difícil su regularización y, por tanto, la posibilidad de obtener ingresos mediante un empleo formal.

Además, los tres países protagonizaron protestas sociales que dejaron en evidencia la deuda social de sus gobiernos hacia sus propios ciudadanos.

En ese contexto, se comenzó a ver a los venezolanos como una competencia, aún sin serlo, y no faltaron voces que desde el poder señalaron a las personas provenientes de Venezuela como responsables de la conflictividad social y de actos vandálicos, alimentando la xenofobia.

En el caso de Colombia, las restricciones son más sutiles, pues se limitaron a la no reactivación del Permiso Especial de Permanencia como una opción de regularización; sin embargo, el señalamiento de los venezolanos como responsables de saqueos y otros disturbios en el contexto del Paro Nacional de noviembre de 2019, culminó en la deportación masiva y sin fórmula previa de 58 personas.

En el marco del pico de retorno de fines de 2019 se comenzó a generar una corriente de opinión que pretendía hacer ver a las personas que regresaban a Venezuela como la prueba de que la salida tenía motivaciones económicas y que, por lo tanto, no eran personas con necesidad de protección internacional.

Sin embargo, por las circunstancias en que se produce el retorno a fines de 2019, es posible entender que algunos decidieran volver sobre sus pasos, al sentir que aquello que los forzó a salir se repite en el país receptor, agravado por la xenofobia y por la ausencia de redes de apoyo familiar.

Ahora bien, si salir es difícil, retornar también puede ser muy duro, pues se suma la sensación de fracaso y la certeza de regresar a un espacio que tampoco garantiza una mejora de condiciones de vida.

Ya en 2018, algunos retornados daban cuenta de un regreso poco feliz, un reencuentro con familiares y amigos deteriorados física y anímicamente, en una Venezuela que tampoco reconocían. Son retornados forzosos, que no han renunciado a la posibilidad de volver a salir, aunque esperan insistir con un plan más estructurado, que no tuvieron en su primer intento.

Llama la atención que ese retorno de 2019, finalmente resultó un fenómeno temporal. Según registros de Migración Colombia, a comienzos de enero, al menos 200.000 personas cruzaron de Venezuela hacia Colombia en tan solo 72 horas, por los siete pasos fronterizos. Esto es once veces más de lo que movilizó el Plan Vuelta a la Patria en sentido inverso en 16 meses. El saldo diario entre ingresos y egresos para el mismo período fue de 7 mil personas por día.

Es en este contexto que se produce un nuevo pico de retorno a partir de marzo de 2020, en el marco de la pandemia del Covid-19.

Según funcionarios venezolanos, más de 6 mil personas habrían regresado a Venezuela para mediados de abril, provenientes de diferentes países.

Es decir, en un mes ha habido un retorno inferior al flujo de ingresos por día que experimentó la frontera con Colombia en enero. De nuevo, nos encontramos con un hecho cuantitativamente marginal, pero con tremendas consecuencias humanas.

Por otra parte, según el reporte de Migración Colombia, luego del cierre de frontera, se registra un total de 32.727 personas que han retornado a Venezuela por el Puente Simón Bolívar entre el 14 de marzo y el 18 de abril, de los cuales 27.729 retornaron durante los tres primeros días, lo que corresponde a población pendular que había llegado al área metropolitana de Cúcuta y estaba regresando por la intempestiva medida de cierre del paso fronterizo por parte del gobierno colombiano.

En este sentido, del 17 de marzo hasta el 18 de abril han retornado hacia Venezuela por el puente Internacional Simón Bolívar un total de 4.998 personas. Por el paso fronterizo entre Arauca-Apure, en el puente José Antonio Páez, se registran por organizaciones locales un total de 2.500 retornados aproximadamente. Esta cifra podría doblarse perfectamente, por el paso informal por caminos no habilitados.

El 6 de abril, el gobierno colombiano divulgó el balance general y plan de respuesta a los migrantes ante la emergencia del Covid-19, fundamentando que la atención frente a la pandemia será independiente de la nacionalidad; sin embargo, en el mismo documento plantea un déficit presupuestal que implica dificultades para garantizar la atención, dejando una porción importante de la respuesta en la Cooperación Internacional, por lo que hace un llamado a fortalecer los fondos. 

En este panorama mundial, el plan de respuesta a migrantes y refugiados provenientes de Venezuela alcanza un 3 por ciento del financiamiento esperado para el presente año.

La pandemia generada por el virus covid-19 ha hecho mucho más evidentes las dificultades en la coordinación y coherencia entre los gobiernos centrales y locales en la respuesta a la situación de los migrantes y refugiados, observándose cesación de los procesos de asilo y refugio y fragilidad de las políticas y programas de regularización migratoria, muchas de ellas planteadas como medidas transitorias y con poco desarrollo desde una perspectiva de protección social y de derechos.

En este contexto, las personas se enfrentan a un fuerte dilema: volver a Venezuela, de donde huyeron por falta de garantías, o permanecer en los países de acogida sin respuesta suficiente para pasar el aislamiento, con inciertas rutas para la atención en caso de contagiarse, discriminación y xenofobia. Además, extrañamente se asocia el virus a la pobreza y vulnerabilidad, y los migrantes y refugiados de origen venezolano aparecen como sinónimo de ello.

Los venezolanos regresan a la incertidumbre; no saben qué les espera

Trabajadores humanitarios que asistieron en su retorno a grupos de venezolanos desalojados en Bucaramanga nos comentaron que varios de los retornados partieron optimistas, asegurando que al llegar a la frontera los esperarían “unos buses rojos”. La promesa no se cumplió; y al pasar los días, comenzaron a llegar a Colombia mensajes desesperados solicitando auxilio y recomendando a sus compatriotas que no se devolvieran a Venezuela.

Muchos quedaron varados al llegar al otro lado de la frontera, sin transporte por la falta de gasolina. Cuando finalmente el gobierno comenzó a hacerse cargo de la situación, fueron confinados en alojamientos temporales sin mayores apoyos.

Algunos han relatado que les quitaron sus teléfonos por denunciar las condiciones de los albergues. Cabe acotar que hay cupo para 9.615 personas en los espacios de alojamiento temporal y hasta el 18 de abril ya había 6.539 personas en cuarentena preventiva, por lo que la capacidad está a punto de llegar a su límite.

El retorno también ha significado rechazo

El Fiscal General de Venezuela, impuesto por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente, se refirió a los retornados de manera despectiva, aludiendo a su situación como un karma, al tiempo que la Ministra de Servicios Penitenciarios los llamó fascistas y golpistas camuflados, exigiendo dejarlos al margen de los programas sociales que deberían tener acceso, de acuerdo con el Plan Vuelta a la Patria.

En conclusión, la migración forzada de origen en Venezuela y los efectos que sobre ella genera el Covid-19, especialmente el retorno a Venezuela, implica un llamado a la humanización y respeto de su dignidad y derechos, un llamado a los gobiernos a no instrumentalizar políticamente el sufrimiento humano, y un cuestionamiento a las categorías de securitización como exclusivo paradigma para la comprensión y manejo de las fronteras y la migración forzada.

Ligia Bolívar es coordinadora general de Alerta Venezuela. Es defensora de derechos humanos, así como profesora y consultora internacional en el tema .

1Director Regional del Servicio Jesuita a Refugiados en América Latina y El Caribe (JRS/LAC)

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