Coronavirus: un detonante de la aporofobia en Colombia/Daniel Carvajal

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Daniel Carvajal / La Silla Vacía

El Sars-Cov-2, mejor conocido como covid-19, no es el único virus potencialmente letal que hoy día se propaga velozmente por las calles de Colombia.

Otro, tan antiguo y contagioso como el nuevo coronavirus se hace cada vez más evidente en la opinión pública y espacios de deliberación política. Ese miserable y contagioso virus se llama Aporofobia.

La aporofobia no es más que “el miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres.” También puede definirse como la “animosidad, hostilidad y aversión, respecto de las zonas o barrios carenciados y respecto de las personas pobres, o sea, frente a aquellas personas que se encuentran desamparadas y con muy pocos recursos”

En principio, el término aporofobia nace para diferenciarse de la xenofobia (rechazo o agresiones a los inmigrantes), fenómeno por demás vil, pero que usualmente en la práctica social resulta ambiguo.

¿Alguien protesta ante la llegada de extranjeros a Colombia cuando son artistas, inversionistas, deportistas, intelectuales o profesionales calificados? ¿Será que a los políticos les inquietan los 4,5 millones de turistas que visitaron Colombia durante el año 2019?

Evidentemente no, por esa razón, la palabra xenofobia es insuficiente para denominar una conducta como la que actualmente evidenciamos frente a los extranjeros pobres. Y es que, para ser sinceros, el rechazo a muchos migrantes venezolanos, desalojados de sus “paga diarios” y que, en su mayoría, dependen de la economía informal no se produce únicamente por ser extranjeros, sino por ser pobres.

Entonces, no basta ser extranjero para que se produzca cierto rechazo social por parte de los nacionales, la pobreza o vulnerabilidad son los factores clave.

Ante eso, algunos políticos más fieles a los sondeos de opinión que a los valores que un Estado Social de Derecho impone hacer cumplir, han caído en la tentación de adoptar medidas de dudosa constitucionalidad o abstenerse de actuar en situaciones que atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas en situación de movilidad humana.

Garantizar derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana no solamente es una obligación constitucional, sino un imperativo moral para todas las personas que tenemos algún grado de influencia en este país. En esa empresa, el Estado, la iniciativa privada y los ciudadanos somos corresponsables.

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