¿A quién beneficia la reapertura de relaciones diplomáticas?

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Iván Duque, Juan Guaidó y Nicolás Maduro, tres protagonistas de un dilema. Foto Cortesía.

Entre Colombia y el gobierno de Maduro

Aunque en este momento se encuentra arropada por los conflictos internos asociados al tratamiento de la pandemia Covid-19 y sus consecuencias sociales, es evidente que la propuesta de reapertura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro es un tema urgente y pendiente en del debate político colombiano.
Cada vez se hacen más públicas las presiones de diversos sectores para que se reabran las fronteras, se active la actividad económica, reinicien labores las oficinas consulares y las embajadas y se restablezcan las relaciones oficiales con el gobierno de Maduro. Y no solo con el de Guaidó, como en el presente.
Tres argumentos maneja el nuevo bloque que unifica sectores empresariales y académicos con voceros políticos de izquierda, centro y derecha. El más común: resulta una insensatez que dos países y dos gobiernos con tantos intereses y temas comunes no tengan ni un solo canal de comunicaciones abierto.

Es obvio que en la propuesta hay un cuestionamiento severo a la política oficial colombiana con Venezuela. Y, aunque no ha hecho declaraciones precisas al respecto, esta exigencia pone a Duque y su gobierno en un aprieto.


El segundo: más insensata aún resulta esta negativa al diálogo en momentos en que ambos deben tratar de modo conjunto la pandemia y la crisis migratoria. Y tercero: fue un gran error creer que Maduro iba a caer rápido y todo se resolvería pronto. En consecuencia —y es quizás una de las más grandes angustias para el sector empresarial— Colombia se está privando del fuelle económico, siempre a su favor, que venía de las relaciones comerciales con Venezuela, hoy casi inexistentes.
Es obvio que en la propuesta hay un cuestionamiento severo a la política oficial colombiana con Venezuela. Y, aunque no ha hecho declaraciones precisas al respecto, esta exigencia pone a Duque y su gobierno en un aprieto.
Primero, porque la idea de luchar para que la dictadura de Maduro cayera fue una promesa casi personal de su campaña electoral. Segundo, porque el gobierno colombiano está comprometido internacionalmente: no solo apoyó las decisiones del Grupo de Lima y lo acuerdos entre los sesenta países democráticos que reconocen a Guaidó como Presidente interino, sino que ha sido su gran promotor.
Y, por último, porque una eventual apertura de relaciones implica ponerse también al margen de los tratados internacionales antinarcóticos y antiterrorismo, dado el apoyo abierto que el gobierno venezolano ofrece a las fuerzas del ELN y a la disidencia de las FARC, junto a las células terroristas de Hezbolá que operan libremente en su territorio.
Nada fácil el dilema, a un mismo tiempo ético y económico, para la sociedad, el empresariado, el pueblo y el gobierno colombianos.

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