Una prioridad más allá de los gobiernos

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La atención humanitaria de los retornados

Incluso en las guerras más cruentas de la historia ha sido posible que las partes en conflicto cesen el fuego, realicen treguas o establezcan acuerdos de intercambio, con el propósito de atender situaciones humanitarias complejas y de emergencia.
Es el caso que enfrentamos en este momento ante el fenómeno de los migrantes venezolanos que, de manera masiva a causa de la crisis generada por la pandemia del Covid 19, retornan al país luego de haber escapado al extranjero en busca de una segunda oportunidad.
El retorno que, según Migración Colombia, ya alcanza a los 80 mil connacionales, tiene todas las características de una catástrofe que exige de los gobiernos de ambos países, de las iglesias y oenegés de la frontera, y de los organismos de cooperación internacional, un acuerdo de trabajo colaborativo para auxiliar a quienes están sufriendo en extremo al momento de volver a su país.
Está claro que —dada la situación de inconstitucionalidad en la que se colocó el gobierno de Maduro y los compromisos internacionales que Colombia ha asumido con el bloque de sesenta países que no aceptan como legítimo ese gobierno y en cambio reconocen la presidencia interina de Guaidó— no hay condiciones para reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El retorno que, según Migración Colombia, ya alcanza a los 80 mil connacionales, tiene todas las características de una catástrofe que exige de los gobiernos de ambos países, de las iglesias y oenegés de la frontera, y de los organismos de cooperación internacional


Pero es un imperativo ético que los dos gobiernos venezolanos y el gobierno de Colombia, bajo la vigilancia y cooperación de la ONU, OEA y la Unión Europea, se encarguen de abrir los canales y acuerdos humanitarios para aminorar el sufrimiento y hacer valer los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos retornados, hoy condenados a la situación de parias en su propio país.


Cuatro calvarios atraviesan los venezolanos que retornan. Primero, los obstáculos que encuentran para atravesar Colombia en medio de las restricciones a la movilidad impuestas por la cuarentena. Segundo, las dificultades legales para entrar a Venezuela. Tercero, la reclusión en lugares inhóspitos e insalubres a donde son llevados los retornados, obligados a cumplir una cuarentena en campamentos públicos. Y, por último, la satanización de la que son víctimas en la campaña pública desatado contra ellos por voceros del gobierno y sus aliados al calificar a los retornados como agentes de infección, ciudadanos ilegales y, lo más grave, como ‘bioterroristas’, es decir, agentes bélicos que utilizan deliberadamente la enfermedad para producir lesiones en la población venezolana que no ha ‘traicionado’ a la patria escapando del país.
La situación es alarmante. Venezuela y Colombia deben sentarse con la mediación y la vigilancia de organismos internacionales a impedir que se siga abusando de estos ciudadanos que, definitivamente han sido despojados de todos sus derechos y su dignidad.
Es lo mínimo que se le puede pedir al Estado forajido venezolano: una dosis de piedad y de apertura para que los organismos de ayuda internacional socorran a quienes son víctimas dobles, de ida y vuelta, de una migración forzosa.

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