El 6d como derrota nacional

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El 6 de diciembre, con la puesta en escena de unas elecciones que en realidad solo eran un simulacro, toda la nación venezolana perdió. Se confirmó la negativa de la cúpula en el poder a restituir la institucionalidad democrática perdida. Se ratificó que el régimen militarista no cederá, no por ahora, a las presiones de los países democráticos y a las exigencias de la población a convocar elecciones libres. Y, lo peor, se confirmó que la operación de persecución e intervención judicial de los partidos políticos reunidos en el G4 tenían un fin muy preciso: la creación por parte de una oposición hecha a la medida que le sirviera al gobierno como actor de reparto en la ópera bufa de las legislativas.
Fue demasiado evidente la ausencia de votantes en los centros electorales. Tanto que ni siquiera con todo el poder y la impunidad para hacerlo, el maquillaje de las cifras de participación apenas logró llegar a un inflado 30% lo que en realidad no habría llegado siquiera a un 18%.
En una país donde votar siempre fue un fenómeno masivo y popular, en donde en los mejores momentos de la democracia se llegó a 95% de participación, un porcentaje de apenas 30% es una condena absoluta al régimen. Porque fue una abstención militante, acordada como respuesta por la ciudadanía, los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que se negaron a convalidar un acto inconstitucional.

La negativa de la población a validar el ilícito es un hecho por demás heroico y valiente teniendo en cuentas las presiones, chantajes, incluso amenazas físicas oficiadas por líderes y matones a sueldo del régimen para obligar a votar.

La negativa, también, de más de cincuenta países democráticos, incluyendo EEUU, Canadá y la Unión Europea a reconocer el calco de la Asamblea Nacional ratifica lo que todo el país sabe, que el acto carecía de legalidad.
Algunos analistas concluyen que fue un error de la oposición legítima no participar, porque de esa manera se le facilitó al régimen el control ahora sí absoluto de todos los poderes. Olvidan dos cosas: una, que el gobierno rojo tenía desde antes el control de todos los poderes porque las competencias del parlamento ya habían sido asumidas por la Asamblea Nacional Constituyente espuria, la que convocó a las elecciones. Y, otra, que el problema está más allá de los resultados previsibles, porque aceptar esa convocatoria era hacerse parte alcahueta de un acto delictivo, avalar una forma de ejercer el poder que viola flagrantemente la Constitución.
Todos perdimos, pero más perdió el régimen que no logró el reconocimiento al que aspiraba con la pantomima electoral. Salvo ratificar que ejerce un poder de facto sin apoyo popular ni reconocimiento internacional y que a pesar de la represión, la migración masiva, las carencias alimentarias y de servicios, la hiperinflación, la dolarización y el desencanto la resistencia democrática sigue en pie.

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