Las ciudades comunales

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Un esperpento jurídico

Este accidentadísimo mes de marzo fue testigo de la publicación, por parte de la írrita AN al servicio de Maduro, de uno de los esperpentos jurídicos de mayor envergadura en la historia de la desrepública en que nos han convertido durante los últimos 22 años: el Proyecto de Ley de las Ciudades Comunales.
Causa escalofríos que defina estos espacios como la “instancia territorial y política del sistema de agregación comunal, donde los ciudadanos y ciudadanas fomentan los valores necesarios para la construcción del socialismo…”. Cabe preguntarse qué piensan hacer con la inmensa mayoría que no comulga con el socialismo. Tendrán que desplazarse a otro lado o quedarán como ciudadanos de segunda (que ya somos), incapacitados para ejercer nuestra participación en los asuntos públicos.
Los municipios como entidad territorial con fundamento constitucional prácticamente se extinguirían para dar paso a estas desorganizaciones cuyo único objetivo es el control social y la imposición ideológica. Vale la pena que quienes propugnan la necesidad de participar sin garantías en una contienda para la elección de alcaldes y gobernadores, lean primero este proyecto de ley, para que se percaten que están pugnando por lo que pronto serán cascarones vacíos.
La ciudad comunal que plantea el proyecto, observa el maestro Brewer, crea una amplísima estructura burocrática que se enumera en su artículo 14 y se regula en los artículos 15 a 41, integrada por: “1. El Parlamento de la Ciudad Comunal. 2. El Consejo Ejecutivo de Gobierno de la Ciudad Comunal. 3. Consejo de Planificación de la Ciudad Comunal. 4. Consejo de Economía de la Ciudad Comunal. 5. Consejo de Contraloría de la Ciudad Comunal. 6. Consejo de Educación y Formación de la Ciudad Comunal. 7. Consejo de Justicia y Paz de la Ciudad Comunal. 8. Comisión Electoral de la Ciudad Comunal”. Todos estos órganos estarán en manos de representantes no electos por elecciones universales y directas, sino por “voceros y voceras” que supone uno se elegirán entre ellos mismos.
Y concluye Brewer: “se está regulando un mecanismo inconstitucional para vaciar de competencias a los municipios, asignándoselas inconstitucionalmente a una entidad territorial que no es política ni autónoma, ni es gobernada por representantes del pueblo electos mediante sufragio universal, directo y secreto, sino a una organización integrada por voceros que en definitiva son designados por el Poder central y controlados políticamente por el partido de gobierno”.
No olvidemos que en 2007 los venezolanos en referéndum consultivo dimos un contundente no a esta pretensión de consolidación de un Estado comunal excluyente y restrictivo de derechos, en el que solo una minoría tiene cabida. Es nuestro deber cívico estar alerta frente a esta nueva arremetida a la libertad, defender el municipio y las bondades de la descentralización que nos legó la democracia.

Zair Mundaray
Columnista invitado

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