De cómo un jefe chavista se roba un periódico nacional

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Amenaza a la prensa independiente

Tulio Hernández

Lo que está ocurriendo en Venezuela —el abuso de poder cada vez más desenfrenado y la conversión del sistema judicial en un aparato que sirve a un mismo tiempo para la represión de los adversarios y el enriquecimiento ilícito de la casta militar dominante— no debe tener antecedentes en la región latinoamericana.
Es lo que evidencia la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia oficialista que le impone al diario El Nacional cancelar una indemnización por trece millones de dólares al teniente golpista —y leyenda internacional como narcotraficante— Diosdado Cabello. Uno de los hombres fuertes —y más peligrosos— del gobierno de facto venezolano.
Cabello, quien dirige un talk show en la televisión antes pública venezolana (ahora del PSUV) cuyo nombre lo delata —Con el mazo dando— ha sido el protagonista mayor de la persecusión que el gobierno chavista desarrolla desde la primera presidencia de Hugo Chávez contra los medios de comunicación privados. Contra la radio, la prensa escrita y la televisión, primero. Y en el presente también contra los medios digitales y las redes sociales no oficialistas.

Mientras Chávez se encargó personalmente de la persecución contra uno de los canales de televisión más antiguos e importante del país —Radio Caracas Televisión— hasta lograr su cierre, Cabello ha dirigido personalmente la persecución contra El Nacional, verdadera institución del país y pieza fundamental en la construcción y defensa de la democracia hoy desaparecida.


Cabello no ha recurrido al cierre, como Hugo Chávez. Al final los periódicos no dependen como las televisoras de una concesión del Estado para funcionar. El militar, acusado en la prensa española de hallarse investigado por su actividad en el narcotráfico, simplemente ha utilizado al sistema de justicia venezolano y recurriendo a una demanda a El Nacional de difamación e injuria —por reproducir una noticia del diario ABC de España— no solo ha logrado que la directiva haya tenido que escapar al exilio para no ir a prisión, sino que ahora terminará apropiándose del edificio, la rotativa y los pocos equipos que aún deben quedar en la sede de un periódico en el presente condenado solo a su edición digital.
La multa es solo un pretexto. Porque en realidad se trata de un robo, impúdico y descarado. Los miembros del TSJ, un atajo de perros de presa del ejecutivo, saben que El Nacional, una empresa editorial asfixiada, no cuenta con el dinero de la indemnización estipulada. Entonces impone la multa para que Cabello se quedé con la sede y los bienes del diario al que el régimen ha convertido en enemigo oficial número uno, entre otras razones, por haber sido el único diario nacional que se negó a ser comprado por testaferros del gobierno como ocurrió con Últimas Noticias y El Universal.
Para la dictadura la prensa independiente es una amenaza y acaba con ella.

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