El régimen de Maduro cierra los espacios democráticos de las ONG

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Providencia Administrativa N° 001-2021

Juan Navarrete

La grave crisis política, social y económica que registra Venezuela en los últimos años es la más profunda de su historia reciente. En consecuencia, los venezolanos se enfrentan a una crisis humanitaria sin precedentes, en todos los aspectos de su vida. En este marco el gobierno busca limitar la acción de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil.
Surgen entonces la medidas tomadas por el régimen de Nicolás Maduro para cerrar los espacios democráticos con la Providencia Administrativa N° 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial No. 42.098 del 30 de marzo de 2021.
Esta providencia exige a las ONG y organizaciones de la sociedad civil que tienen que entregar al gobierno información sobre sus ingresos financieros, datos de las víctimas a las que atienden y dirección de los destinatarios de su acción, entre otros datos de información.
Esto constituye una grave violación a los derechos humanos: viola el derecho a asociación, a defender los derechos humanos, a prestar ayuda humanitaria, a la libertad de expresión, autonomía e independencia.
Obliga al registro de todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera antes del 1 de mayo de 2021, dando especial preferencia a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), para la vigilancia y supervisión de sus fines en actas constitutivas y de asambleas, miembros y personal, lista de donantes, movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajen, bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por una ley especial.


Esta providencia busca:
• Establecer la posibilidad de ilegalización e inclusive cárcel por incumplimiento. Pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población en un momento cuando millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
• Instaurar una normativa sub-legal que regula asuntos reservados a las Leyes, con un rango inferior incluso a reglamentos y resoluciones, que establece procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones para las organizaciones de la sociedad civil, no contemplados en ningún instrumento del ordenamiento jurídico venezolano y que, por lo tanto, son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir;

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